Diputados panistas rechazaron reformas a la Ley Electoral del Estado

       MERIDA, YUCATAN.- Los Diputados Estatales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) se retiramos de la sesión de pleno del Congreso del Estado de hoy, pues según ellos ésta  careció en todo momento de  certeza legislativa.

Los legisladores blanquiazules afirman que hoy se consumó un proceso plagado de prisas y desaseos para imponer funciones y mecanismos a modo en el  Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC)  con miras a las próximas elecciones locales.

De acuerdo con los parlamentarios panistas, las modificaciones  al proyecto de decreto que propusieron los distintos legisladores se sometieron a votación sin siquiera mencionar el artículo correspondiente que se estaba votando.

Incluso la propia Presidenta de la mesa directiva, Verónica Camino Farjat, responsable de la conducción de la sesión, admitió que no tenía fundamento legal para justificar la forma de votación y al no poder avalar un proceso legislativo con irregularidades y faltas al reglamento, los diputados de la bancada panista acordaron  abandonar la sesión.

Ellos lamentan que las reformas electorales necesarias y obligatorias para dar cumplimiento  en lo  establecido en la ley se hayan dictaminado en un proceso demasiado irregular y por lo tanto, rechazan las propuestas de modificación realizadas por los Partidos Revolucionario Institucional  (PRI), Nueva Alianza (PANAL), Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática  (PRD) a dicho dictamen que lastiman la certeza imparcialidad y eficacia de las instancias electorales en el Estado de Yucatán.

Al no existir la mínima certeza de su validez, los legisladores de Acción Nacional estudian las vías legales para impugnar los acuerdos derivados de dicha sesión, que se caracterizó por la falta de certeza legal.

El GPPAN señaló que los  yucatecos merecen instituciones electorales que gocen de plena confianza y en tal sentido, los diputados panistas se avocarán a cumplir con la exigencia ciudadana de contar con un árbitro que no se incline a favor de ningún interés partidista sin fundamentación jurídica y legislativa.

 

 

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